Graves Cuestionamientos a Decretos de Urgencia 001 y 002

El Instituto de Defensa Legal (IDL), señala que estos decretos de urgencia son inconstitucionales y deben ser dejados sin efecto por el Congreso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. No cumplen con lo que señala el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República, y el fundamento 60 de la sentencia 0008-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional (TC).

Entre los requisitos materiales que establece la Constitución se encuentra que los DU solo pueden ser expedidos en los siguientes casos: cuando se legisle en materia económica y financiera, cuando se esté ante una situación excepcional e imprevisible, cuando exista una urgencia de interés nacional. Sin embargo, estos requisitos no se cumplen en este caso. Los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero; tampoco se está ante una situación excepcional o imprevisible. El IDL se pregunta: “¿Puede un decreto de urgencia dejar sin efecto el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional y jurisprudencia vinculante del TC?”.

Por su parte, Marlene Anchante, directora adjunta del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, deja en claro que el propósito del Ejecutivo es facilitar las condiciones y acelerar las inversiones en el país. Sin embargo, “también es tierra fértil para generar más conflictos sociales… Y los decretos en cuestión son un ejemplo de ello”.

Los esfuerzos en las relaciones comunitarias son absolutamente insuficientes: “Pareciera que, o no es una prioridad anticiparse a las preocupaciones de la gente o no se sabe cómo hacerlo”. Para Anchante: “No podemos pretender alcanzar el desarrollo del país si solo vemos la arista económica, ya que los aspectos ambientales y sociales son decisivos. Estos decretos, sin embargo, parecen haberlos olvidado o rezagado en su verdadera importancia”.

También han criticado esos decretos la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA), Pro Naturaleza-Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, la ONG internacional WWF, Aidesep y la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Estas señalan que las evaluaciones de impacto ambiental se han desvirtuado y que se pueden convertir en un instrumento ineficaz y postergado; por lo que constituyen un grave retroceso en materia ambiental.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*