RADIODIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN NO DEBE SER ENCUADRADA COMO DELITO

FUNDAMENTOS CENTRALES QUE EXPLICAN POR QUÉ LA RADIODIFUSIÓN SIN  AUTORIZACIÓN NO DEBE SER ENCUADRADA COMO DELITO. LOS LÍMITES EN LA  APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE  EXPRESIÓN

Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC) – Damián Loreti*
Este texto recorre los fundamentos centrales que explican porqué la radiodifusión sin autorización no debe ser encuadrada como delito y analiza los límites en la aplicación de responsabilidades por el ejercicio de la libertad de expresión. Una herramienta de legislación comparada para la defensa de la libertad de expresión a través de las ondas.

Habitualmente, la radiodifusión ha sido considerada en un segundo plano respecto de la libertad de prensa y del derecho a la información, en el entendimiento erróneo de que se trata de un servicio meramente comercial, una industria cultural o que sus cuestiones son meramente técnicas.

De hecho, muy raramente quienes se ocupan del estudio del derecho constitucional se detienen a analizar la importancia de las regulaciones existentes en materia de radiodifusión. Tampoco en los cursos sobre derecho administrativo es estudiado el tema.

Como si ello no bastara, cuando los grupos empresarios expresan sus razones, no parecen defender su actividad como el ejercicio del derecho constitucional de expresar las ideas, sino como un aspecto del derecho de ejercer industria lícita o de propiedad. Muestra de ello son los argumentos para oponerse a la procedencia de la aplicación de los derechos de rectificación o respuesta.

La intención de este trabajo es darle a la radiodifusión la importancia normativa que se merece, partiendo de la base de que estamos hablando de una actividad por la que se ejerce el derecho en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el hecho de que se realice por un medio técnico distinto al papel, no debe resultar impedimento para reconocerlo como tal.

A esta pregunta le pueden caber, obviamente en forma interesada, varias respuestas. Algunas de ellas tendrán relación con qué tipo de servicio son los servicios de radiodifusión. Otras, quizá en forma previa, se referirán a una especie dentro del género de las radiocomunicaciones, lo cual permitirá reducir a la actividad a una de las tantas formas de «telecomunicaciones».

Esta clasificación no tendría mayor importancia, en la medida en que la ubicación en esta descripción sometería a la actividad a las mismas consideraciones de la telefonía, o el correo.

De acuerdo a nuestro entendimiento, la radiodifusión es el ejercicio de la libertad de prensa por un soporte tecnológico diferente del papel.

Así las cosas, nos mueve la convicción de que estamos ante una particular forma de ejercicio de la libertad de expresión y que debe primar – a la hora de las clasificaciones – el contenido y no el continente o los mecanismos de transmisión de información.

En otras palabras, se trata de darle a la comunicación social por medios electrónicos la jerarquía que realmente debe tener: se trata del ejercicio de la libertad de expresión y prensa por medio de un soporte tecnológico distinto que no debe servir de excusa para limitar su ejercicio sustancial.

Los Estados deben poner la mejor economía del recurso radioeléctrico a disposición de la comunidad, para su aprovechamiento integral como soporte del ejercicio del derecho a la información –recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones – a través de los medios electrónicos.

FUNDAMENTOS CENTRALES QUE EXPLICAN POR QUÉ LA RADIODIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN NO DEBE SER ENCUADRADA COMO DELITO. LOS LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Siendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado de modo prevalente el ejercicio del derecho a difundir, recibir e investigar informaciones y opiniones por cualquier medio, la procedencia de la tipificación penal de la actividad radiodifusora sin autorización no debe ser tipificada como delito en la legislación penal.

Estando frente al ejercicio de un derecho humano fundamental, nada permite sostener que la última ratio del Estado debe estar encaminada al acallamiento de las voces. Si el pluralismo es una de las fuentes del Estado de Derecho, cuando los Estados no administran debidamente las frecuencias radioeléctricas, ya fuera por las condiciones de acceso a las mismas en un modo incompatible con los principios 12 y 13 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya por las condiciones de administración del espectro radioeléctrico violatorias del artículo 13.3 de la Convención Americana, generando en cualquiera de ambos casos instancias de obstaculización de la libre circulación de opiniones e informaciones, tenemos de modo prístino que la aplicación de una sanción penal es absolutamente incompatible con la Convención Americana.

Esta Carta -a la cual deben respeto la totalidad de los países del Hemisferio- establece en el inciso 2 del artículo 13 cuáles son los requisitos que debe cumplir la aplicación de responsabilidades ulteriores.

Como ya sabemos, la Convención Americana no permite la censura previa, ni tampoco contiene previsiones –que sí posee la Convención Europea- referidas a la injerencia previa del Estado o a la necesaria autorización previa de las empresas de cinematografía o radiodifusión (conf. Art. 10 2º párrafo).

Existiendo desde 1950 la Convención Europea, no podemos de ningún modo asumir que los redactores del Pacto de San José de Costa Rica omitieron erróneamente una previsión de esta naturaleza. Antes bien, estamos convencidos que se trata de una decisión estratégica, del mismo modo que se decidió impedir la censura que sí admite el marco europeo.

Veamos entonces cuáles son estos requisitos: el inciso 2 del art. 13 de la Convención señala que tales responsabilidades, vinculadas al ejercicio de difundir, recibir e investigar informaciones y opiniones, deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y fin legítimo.

El primero de estos principios se traduce en que las responsabilidades deben estar previamente establecidas en la ley, entendiendo indubitablemente que por “ley”, la Convención Americana hace referencia a leyes consagradas por los procedimientos constitucionales propios del Estado de Derecho.

En tal sentido, la Comisión Interamericana ha indicado que: “(…) la Convención Americana de DDHH señala que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores que deben estar fijadas previamente por la ley. Asimismo, el artículo 30 de la Convención contiene una disposición de alcance general, aplicable también a la norma específica sobre libertad de expresión, en la cual se establece que las restricciones permitidas por la Convención a los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas “sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

Al interpretar los alcances del art. 30 de la CADH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “La expresión leyes utilizada por el artículo 30 de la CADH no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el Derecho interno de cada Estado. (Corte Interamericana de Derechos Humanos OC 6/86 del 9 de mayo de 1986, Párrs. 26,27, 35, 36 y 38).”

De lo expuesto, surge con claridad que para la imposición de responsabilidades no puede soslayarse la vigencia – en primer lugar – del principio de legalidad previa , y que ella debe cumplir los extremos de “ley formal” que reclama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la ley debe ser precisa, ya que de lo contrario tampoco sería compatible con el respeto a la libertad de expresión.

La segunda de las condiciones que deben cumplir las normas que fijan las responsabilidades ulteriores son aquellas que se corresponden con un fin legítimo, es decir, que para su adopción se haya tenido en miras satisfacer sólo aquellos derechos o bienes jurídicos que la Convención ha establecido en el inciso 2 del art. 13 como objeto de amparo. Ellos son: la honra y la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas.

Entonces, las responsabilidades ulteriores deben estar previstas en una ley formal previa al hecho que quiera juzgarse, y la adopción de estas responsabilidades sólo será legítimamente prevista si tiene en miras la protección de los bienes jurídicos expresados.

Pero deben las responsabilidades ulteriores cumplir con una tercera condición: deben ser “necesarias”.

¿Cuál es la importancia de esa condición de necesidad? ¿Cuál es la interpretación de este término?

Para el Sistema Interamericano de derechos humanos y sus órganos, la correcta interpretación del valor de la “necesidad” es la de la necesidad social imperiosa en el caso concreto según los términos de la Comisión Interamericana.

Y es por ello que define: “El término “necesario”, en el contexto del artículo 13.2 debe considerarse como algo más que “útil”, “razonable”, o “conveniente”. Para que una limitación sea “necesaria”, debe demostrarse que el fin legítimo que se persigue no puede alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de la libertad de expresión” .

Estos estándares interpretativos también se encuentran asentados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando afirma “El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber:

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,
b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,
c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y
d) Que esas causales de responsabilidad sean «necesarias para asegurar» los mencionados fines.

Nuestra Corte Interamericana en el caso “Palamara Iribarne vs. Chile” señala

71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención, los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, […] ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, dicha norma establece los supuestos en los que se pueden realizar restricciones a esos derechos, así como regula lo relativo a la censura previa. En varias oportunidades el Tribunal se ha pronunciado sobre los medios a través de los cuales pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión, y sobre lo dispuesto en el artículo 13 en materia de censura previa .

72. Tal como ha establecido la Corte, “la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles” , por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones”…

85. “El Tribunal ha señalado que la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión .”

En casos resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos humanos, la exigencia de la necesidad es un requisito sometido a revisión en cada una de las sentencias en la que se estudian posibles infracciones al artículo 10 de la Convención. De tal modo, encontraremos diversos fallos de ese tribunal en los que se han revocado condenas aplicadas por los jueces y cortes nacionales porque esas sentencias implican interferencias de las autoridades públicas al ejercicio de la libertad de difundir informaciones u opiniones que no son necesarias para resguardar los legítimos fines que dicen proteger, entre ellos los derechos a la honra y reputación de los demás.

En todos los casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analiza: 1.- Si la medida se encuentra prevista en la ley nacional; 2.- Determina si dicha medida cumple un fin lícito de los que son enunciados en el Artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (protección de la moral pública, la autoridad y la imparcialidad del poder judicial y la reputación de las personas); y 3.- Enjuicia la necesidad y la proporcionalidad de dicha medida para el logro del interés previsto según los parámetros de una sociedad democrática.

En este plano, veremos si el ejercicio de la radiodifusión sin autorización viola alguno de los fines legítimos tenidos en mira por el artículo 13.2. de la Convención Americana.
Es ostensible, a menos que exista interferencia dolosa contra una emisión que no afecta el derecho de terceros. Por tal motivo, no sería éste un fin legítimo. Por cierto, si los afectara en virtud de los contenidos, la solución legal correcta no hace a la condición de autorizada o no de la emisora, sino a aquellos.

Es también ostensible que su existencia no afecta la honra y la reputación de los demás.

Aparecería sí más controvertible que afectara el orden público. Pero está claro que no nos estamos refiriendo al contenido de las expresiones sino al continente o soporte, por lo cual los dichos son inocuos a efectos de nuestro análisis.

Entonces, ¿de qué modo podría afectarse el orden público? Por interferencias dolosas a otros sistemas de comunicaciones por funcionar con equipos no autorizados.
En tal caso, si se admitiera que existe tal necesidad social imperiosa y se considerara como fin legítimo preservar al espectro radioeléctrico de toda emisión emergente de estaciones o equipamiento no autorizados, de lo que se trata es de poner en cuestión a la casi totalidad de las emisoras del continente para verificar si el equipamiento, potencia, localización, filtrado de emisiones, y barrido de las emisiones cumple con la totalidad de los estándares técnicos exigibles.

Si efectivamente se realizara este análisis de modo neutral (entendiendo por neutral la revisión técnica independientemente de la naturaleza jurídica y condiciones en las que se operan los equipos) la disputa de la tipificación penal no pasaría por la autorización o no para emitir, sino en la protección de la indemnidad del espectro radioeléctrico para que nadie realice emisiones fuera de normas, reglamentos, concesiones o licencias.

En este sentido, debemos alertar que no cuentan con autorización no sólo quienes no la han tramitado y obtenido, sino también quienes explotan una emisora en condiciones distintas a las que se le han otorgado en su concesión, licencia o usufructo (según el régimen al que nos refiramos). Pero nadie reclama la solución de la sanción penal para quienes desnaturalizan un título legal haciendo algo distinto para los que el Estado los autoriza.
Y, en este caso, debemos distinguir claramente la interferencia de los medios de comunicación electrónicos de la protección a la inviolabilidad de las telecomunicaciones. La distinción que pretendemos no es para nada ociosa, toda vez que no sólo están diferenciados los servicios por las definiciones internacionales de la U.I.T, sino que –además y fundamentalmente – unos están previstos como soportes del ejercicio de la libertad de expresión por estar orientados al público en general, y los otros están previstos como servicios objeto de liberación de mercados por los acuerdos de la OMC, y se trata de enlaces que establecen comunicaciones punto – punto, y amparados por el secreto de las telecomunicaciones.

Secreto que está basado en circunstancias de confidencialidad, perspectiva de invulnerabilidad y bilateralidad del enlace, condiciones todas ellas que no tiene la radiodifusión y que mucho menos nos ofrece la presencia del requisito de la necesidad social imperiosa.

Si de lo que se trata en materia de protección al orden público es la seguridad de la navegación aérea, no es necesaria ninguna tipificación. Ese bien jurídico suele – casi diríamos por definición – estar incluido específicamente dentro de la legislación penal, y quien lo afectara, independientemente de con qué tipo de emisión lo realice, cuenta con previsiones específicas.

Si de lo que se trata es de caracterizar a la radiodifusión sin autorización como una afectación al derecho de propiedad sobre el espectro radioeléctrico, además de remitirnos a las consideraciones ya vertidas sobre la naturaleza de las frecuencias, habremos de abundar en lo siguiente:

a) Las emisiones radioeléctricas de por sí no reconocen derecho de propiedad. En la medida en que se trata de impulsos radioeléctricos y nadie las acapara o se apropia de ellas de modo material, la definición del delito de “hurto de energía” es inaplicable para su asimilación.

Independientemente de la imposibilidad de la aplicación de principios analógicos para la interpretación de las leyes penales, enfáticamente no hay apropiación posible en beneficio propio o de terceros de esas emisiones inteligibles. La sola definición de “emisiones” que propone la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace inviable está posibilidad jurídica.
Veamos que dicen los glosarios de la UIT:

– Término: emisiones radiadas. Definición: Fenómeno que consiste en la emanación de energía en forma de ondas electromagnéticas de una fuente hacia el espacio (energía transferida a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas).

La circunstancia de que se trate de una expresión de energía transferida al espacio importa la impropiedad de considerarla un bien susceptible de apropiación.

Distinto es el caso por una eventual retransmisión no autorizada de señal de terceros es un supuesto distinto y violaría principios de propiedad intelectual por re-explotación no autorizada de contenidos. Es un supuesto absolutamente diferente y estaría comprendido en los alcances de protección de contenidos de los Acuerdos de Roma sobre protección de los contenidos de los organismos de radiodifusión y basados en principios de propiedad intelectual y derechos de exhibición o radiodifusión al público.

b) La Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones prevé en su texto –en el artículo 44, referido a la Utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas, que “En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados países.” 196 PP-98

Por lo tanto, vemos que en ningún apartado se prevé que las emisiones o las frecuencias puedan ser objeto de dominio por particulares y ni siquiera del Estado como bien mueble, hipótesis imprescindible para que pueda existir el delito de hurto.

En idéntica inteligencia, una frecuencia asignada (ancho de banda) tampoco es susceptible de ser defendida en términos de bien mueble o derecho de propiedad. La UIT define:

-«Banda de frecuencia asignada: UIT-R Rec. V.573 – Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones espaciales, la banda de frecuencias asignada incluye el doble del desplazamiento máximo debido al efecto Doppler que puede ocurrir con relación a un punto cualquiera de la superficie de la Tierra. Nota 1 – Para ciertos servicios, es equivalente el término «canal asignado». Nota 2- Para la definición de «tolerancia de frecuencia», véase la sección D (término D02). Procedencia : RR 1.147,»

Por lo cual, es un registro inmaterial que admite el tránsito de emisiones. No puede ser objeto de dominio ni cuando las emisiones son emitidas.

La misma hipótesis se verifica si tratásemos de proteger penalmente a un canal:

– Término : canal (de frecuencias) Definición : Parte del espectro de frecuencias que se destina a ser utilizado para la transmisión de señales y que puede determinarse por dos límites especificados o por su frecuencia central y la anchura de banda asociada o por cualquier otra indicación equivalente. Nota 1 – Un canal de frecuencias puede estar compartido en el tiempo para efectuar una comunicación en los dos sentidos mediante explotación símplex. ^Nota 2 – Se desaconseja el empleo del término «canal» por «circuito de telecomunicación». ^Nota 3 – La Recomendación UIT-R V.573 define el término «radiocanal (canal radioeléctrico)» utilizado en radiocomunicaciones –.

A mayor abundamiento, es menester señalar que para que pueda afectarse el derecho de propiedad sobre un bien, este debe ser objeto de apoderamiento. Para que se cumpla este requisito – a su vez – es también necesario que ese determinado bien esté en el comercio. Pues bien, las frecuencias o las emisiones radioeléctricas de la radiodifusión no están en el comercio y los estados no ceden las frecuencias en a título de dominio. De tal modo, mal puede sugerirse su condición de bien jurídico protegido por delitos tipificados como hurto o hurto agravado.

c) Del mismo modo, corrobora nuestro aserto el hecho de que se imponen obligaciones concretas a los Estados para facilitar el uso extensivo y con fines sociales y satisfactorio de los servicios, bajo la sanción de la Recomendación ya citada No.2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) que señala: “Libre difusión de las informaciones y derecho a la comunicación:

– vistos

a) la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

b) el Preámbulo y los artículos 1, 33, 34 y 35 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992);

c) la disposición de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la libre difusión de las ideas mediante palabras e imágenes y la declaración de principios fundamentales, adoptada por el XX periodo de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO relativos a la contribución de los medios de comunicación social al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la segregación racial y la incitación a la guerra y las resoluciones pertinentes del XXI periodo de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO;

d) las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos adoptadas en Viena, en 1993, en las que se establece que la promoción y la protección de los derechos humanos son cuestiones prioritarias para la comunidad internacional,

Consciente

De los nobles principios de la libre difusión de información y de que el derecho a la comunicación es un derecho básico de la humanidad,

Consciente también

De que es importante que estos nobles principios promuevan la difusión de información, con objeto de fortalecer la paz, la cooperación, la comprensión mutua entre los pueblos y el enriquecimiento espiritual de la personalidad humana, así como la difusión de la cultura y de la educación entre todos los individuos, cualesquiera que sean su raza, sexo, idioma o religión,

Recomienda

A los Miembros de la Unión que faciliten la libre difusión de información por los servicios de telecomunicación.”

Por lo tanto, en este esquema de interpretación de normas internacionales a los que los países deben sujetarse, aparece seriamente contradictorio con los mandatos supranacionales que sea tolerable asumir como fin legítimo el derecho de propiedad como bien jurídico protegido que permita la aplicación de responsabilidades ulteriores en esta temática.

Finalmente, en cuanto a la presencia de la necesidad social imperiosa que reclama la Convención y la jurisprudencia debemos detallar tres cuestiones:

– La primera es que siendo la Carta Europea de Derechos Humanos explícitamente distinta y mucho más estrecha y menos generosa en materia de libertad de expresión, restricciones indirectas y autorizaciones para soportes radioeléctricos, además del hecho de prever injerencias previas estatales de modo preciso, la jurisprudencia emergente del TEDH no es de aplicación inmediata en nuestro sistema como precedente a seguir,

– La segunda es que la propia Corte IDH ha señalado que el art. 13 CADH es el más generoso en materia de reconocimiento de los derechos y facultades emanados de la libertad de expresión.
De tal modo, nunca podría configurar una acción ilegal que merezca reproche penal el ejercicio de un derecho humano que el propio sistema interamericano reconoce como postergado.

En este sentido, aunque con referencia explícita al uso del espacio público para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, el destacado constitucionalista argentino Roberto Gargarella señala:

“(…) el juez no puede cerrar los ojos al contexto que organiza la expresión pública en la sociedad. En países como la Argentina, dicho contexto resulta muy problemático por la fuerte correlación que existe entre expresión y dinero, y por el modo extraordinariamente desigual que se encuentra distribuido ese dinero (…) el acceso a los medios depende de lo que uno se encuentra dispuesto para acceder a ellos, o de la capacidad que uno tiene para seducir a los que puedan pagar, dentro de un marco en el cual no son muchos los que pueden pagar ese precio… Sí diría que uno debe estar alerta de modo tal de evitar una confusión bastante común, que es la de pensar que uno garantiza la libertad de expresión respetando un statu quo donde algunas voces resultan sistemáticamente silenciadas y otras se encuentran sobre representadas en la esfera política. Respetar la libertad de expresión exige de acciones públicas destinadas a que se escuchen voces diferentes, de acciones que faciliten el acceso a la escena pública de puntos de vista opuestos, de acciones que rompan una inercia que castiga a quienes están peor porrazotes completamente ajenas a su responsabilidad.”

– La tercera es que de acuerdo a las interpretaciones sobre el principio de necesidad y de los fundamentos del derecho penal, existen medidas alternativas y menos restrictivas de la libertad de expresión que la previsión y tipificación penal de la realización de emisiones sin autorización que merecen ser consideradas por los sistemas jurídicos nacionales. Ello toma particular relevacia cuando nuestro continente registra graves vicios en materia de administración de espectro radioeléctrico y acceso a las licencias que no sólo no responden a los Principios de libertad de expresión de la Declaración de la CIDH de Octubre de 2000, sino que incluso han sido cuestionados en más de una oportunidad en los Informes Anuales y particulares por país de ese mismo organismo.

*Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Asesor legal de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC).

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