SUBSUELO: MÁS DE UNOS QUE DE OTROS

José Álvarez Alonso

Acabo de sobrevolar los Andes centrales y del Sur del Perú, entre Lima y Cusco, y entre Lima y Pucallpa. Por todos lados se observan, en medio del bello paisaje andino, las enormes cicatrices de las minas a tajo abierto. Impresiona en particular La Oroya, que desde el aire se parece más a la superficie lunar que a la terrestre. Esto contrasta más cuando al lado se observa maravillas naturales como el Bosque de Piedras de Huayllay, espectacular también desde el aire, y, más al fondo, la imponente Cordillera Blanca. Desde el avión, sin embargo, no es posible detectar el daño más grave causado por la minería irresponsable: la contaminación de las aguas y el suelo con metales pesados y otros tóxicos. En algunas de las minas se aprecian las lagunas de lixiviados donde, desde hace pocos años, se depositan sus tóxicos relaves. Pero esto es de ayer. ¿Cuánto costará reparar el daño que ha hecho el arrojo de miles de toneladas de estos venenos a los ríos? Ya podemos adivinar de dónde vienen los metales pesados hallados en los peces del bajo Marañón…

Cabe resaltar que la minería a cielo abierto está prohibida en la mayoría de los países desarrollados, y en los que se realiza, se obliga a las mineras a restaurar el paisaje original tal como estaba antes de la intervención, cosa que recién se está comenzando a implementar en Perú en años recientes.

¿Es posible hacer minería o explotación petrolera en armonía con el medio ambiente? Claro que sí, al menos con impactos mucho menores que los que se producen ahora. Hay tecnología para minimizar y mitigar los impactos, y para remediarlos en buena medida (nunca totalmente) y restaurar el paisaje una vez que se cierra una mina. El problema es que mitigar y remediar es caro, y siempre será más barato para una empresa poco escrupulosa sobornar a algunos políticos y funcionarios para que aprueben normas más tolerantes o para que acepten un estudio de impacto ambiental –EIA–enclenque (con fallas como las que se detectaron en el EIA del Proyecto Conga) que aplicar todas las medidas de mitigación y remediación que permite la tecnología y aconseja el mínimo sentido de responsabilidad ambiental y social. Bien sabido es que, salvo honrosas excepciones, la mayoría de las empresas transnacionales usan distintos estándares ambientales en sus países de origen y en el Perú.

El Estado peruano, lamentablemente, sigue siendo muy débil en estos aspectos. Hay casos de antiguos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas – MEM que, luego de favorecer a tal o cual empresa minera o petrolera, han terminado trabajando en bien rentados puestos en estas empresas, lo que revela que “la aceitada” del aparato estatal para conseguir favores es todavía frecuente en Perú. Recuérdese también la anécdota del anterior ministro de Energía y Minas encaramándose al avión privado de la minera Yanacocha, gesto que probablemente le costó el puesto.

Por otro lado, el hecho de que sea el mismo MEM el que apruebe los EIA, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los países del Mundo, donde son aprobados por el Ministerio del Ambiente, indica el poder que todavía tienen estos poderes “fácticos”, que siguen gobernando al Perú, gane quien gane las elecciones, y siguen manipulando a la prensa mercenaria para satanizar a quienes defienden a la gente y la salud de su entorno.

El Perú sigue siendo un país pobre, a pesar de los bolsones de creciente prosperidad en algunas ciudades, especialmente costeñas. Millones de niños sufren desnutrición crónica, entre otras lacras remediables, y reciben una pésima atención en salud y educación. Necesitamos extraer minerales y petróleo, qué duda cabe, para financiar el desarrollo. Pero no de cualquier manera, ni en cualquier lugar. Por el prurito de promover la inversión privada no se puede bajar los estándares ambientales a niveles denigrantes, permitir la explotación salvaje de la gente, o hacerse la vista gorda ante los abusos de las empresas.

Los altos precios de los minerales y las enormes ganancias que obtienen actualmente las empresas (recuérdese los obscenos 6,000 millones de dólares ganados  por Yanacocha en menos de diez años) permiten mucho margen de maniobra al Gobierno para imponer impuestos y regalías y exigirles más responsabilidad social. Se acusa a los campesinos andinos y a algunas organizaciones que los apoyan de “antimineros”, como si esto fuese un estigma cuasi diabólico. Cuando se comprueba el escasísimo beneficio y el enorme daño que las mineras y petroleras han producido en su entorno social y ambiental (las regiones mineras ostentan los más bajos indicadores sociales en Perú, pese a las decenas de miles de millones de dólares extraídos de sus entrañas) se entiende por qué la gente se opone a ellas: “No queremos más de lo mismo”, es el mensaje simple de los campesinos, que no creen las lisonjeras palabras de los operadores mineros, ni a las promesas del Estado de que, ahora sí, se va a hacer bien las cosas.

Si hubiese una minería responsable, que no sólo no contaminase sino que contribuyese al desarrollo, si las comunidades cercanas a las minas –o a los pozos petroleros- fuesen las mejor atendidas en salud, educación, infraestructura de comunicaciones, con la agricultura y la ganadería más tecnificadas y rentables, seguro que muchas comunidades querrían que hubiese minas en sus cercanías. Pero no es el caso, al menos por el momento.

Una reciente encuesta publicada por El Comercio afirma que el 68% de los peruanos están a favor de que el Proyecto Conga no se suspenda. Salvedad importante: la encuesta es urbana. ¿Pensarán igual los pobladores rurales? Estoy seguro de que no. Cuando el Presidente Humala afirmó que “el subsuelo es de todos los peruanos”, podríamos responder: “Sí, pero de unos más que de otros”. Y las comunidades afectadas por la minería dirían: “Ustedes los citadinos se llevan LA MAYOR PARTE de los beneficios, mientras nosotros cargamos con TODOS los impactos”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*