Pacto de Unidad se presentó ante la CIDH para pedir su intervención para que gobierne respeto a los PP.II.

Los representantes del Pacto de Unidad (AIDESEP, CNA, ONAMIAP y CONACAMI), Magdiel Carrión y Gladis Vila, se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos – CIDH para solicitar a la entidad supranacional intervenga para que el Estado peruano deje sin efecto la concesión y derechos otorgados a la minera Yanacocha por no haber consultado a los pueblos de Cajamarca, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. Las organizaciones indígenas acudieron a esta instancia porque el actual gobierno ha tomado partido a favor de la empresa minera cuyo premier Oscar Valdés en lugar de garantizar un verdadero proceso, ha deslegitimado los espacios de diálogo democrático para imponer un “Peritaje Internacional” que el pueblo no ha pedido.

Así mismo, pidieron el cese a la represión contra los pueblos que ejercen su derecho a definir sus prioridades de desarrollo de no otorgar su consentimiento al proyecto Conga que afectará irreversiblemente su subsistencia, por la intervención de un conjunto de lagunas y cabeceras de cuenca.

Según el alegato presentado por las organizaciones del Pacto de Unidad, la vulneración de derechos humanos, los daños irreparables al ecosistema y el peligro de subsistencia de los pueblos de Cajamarca ocasionadas por la empresa Yanacocha se remontan unos 20 años. El proyecto Conga no es otra cosa que el Plan Estratégico de Expansión de la Empresa Yanacocha que para alcanzar la producción de 7 millones de onzas y 400 Mlbs de bronce; impactará irreversiblemente las fuentes naturales de captación de aguas y destruirá todo un sistema de lagunas, colchones acuíferos y bofedales que abastece a cinco cuencas.

Su propio estudio de impacto ambiental señala la desaparición de las lagunas denominadas Perol, Mala, Azul y Chica, intervención de la cabecera de cuenca de los ríos Jadibamba, Chailhuagón, quebradas de Chirimayo y Toromacho, afluentes de los ríos Cedamal, Chonta y Llaucano, que son fuentes de abastecimiento de agua de la región Cajamarca. En la actualidad, la empresa tiene intervenida la zona de las lagunas, las territorios comunales están ocupadas por maquinarias, hay desplazamiento de personal técnico y operativo, existe resguardo policial especializada y cierre de las carreteras y vías de comunicación.

Además, el Estado peruano omitió la protección de los derechos humanos de los pobladores, la represión ordenada contra Cajamarca dejó como saldo 19 campesinos heridos, varios de ellos grave e irreversiblemente afectados como Elmer Campos quien quedó en estado parapléjico. Las fuerzas del orden al servicio de la empresa minera han incursionado en las comunidades, cuyos excesos se registró el último 16 de marzo en Sorochuco, en la que una mujer gestante fue brutalmente golpeada, han fracturado el brazo de una de sus dos niñas. Existe actualmente acoso, hostigamiento y persecución judicial a los principales líderes sociales indígenas emprendida por el Ministerio Público.

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