29 nuevos conflictos sociales en lo que va del actual gobierno, según Defensoría del Pueblo

El último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, que corresponde al mes de abril, registró 11 nuevos conflictos sociales sumando un total de 243. Desde que se instaló el nuevo Gobierno el total de conflictos sociales se ha incrementado en 29. Según el reporte presentado el último fin de semana, la Defensoría del Pueblo da cuenta de 171 (70,4%) conflictos activos y 72 (29,6%) conflictos latentes.

Nuevamente, el mayor porcentaje de conflictos es de carácter socioambiental 59,7% (145 casos). Le siguen los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional con 8,2% (20 casos), los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,2% (20 casos), y los conflictos laborales, con 6.6% (16 casos). También se cuentan, en menor medida conflictos sociales por demarcación territorial, asuntos de gobierno regional, comunales, electorales, entre otros. Asimismo, tal como figuraba en el reporte de marzo, para este último mes la mayor cantidad de conflictos sociales se ubican en el departamento de Áncash (27 casos) y Puno (22 casos); le siguen los departamentos de Cajamarca (16 casos) y Cusco (15 casos). De los once nuevos conflictos sociales registrados en abril, siete son de carácter socioambiental, dos de carácter laboral, uno por asuntos de gobierno regional y uno por asuntos de gobierno local. Entre los departamentos que registran nuevos conflictos se encuentran Áncash, Apurímac, Arequipa, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Piura.

Mayor responsabilidad del Gobierno

Para el mes estudiado se identificó las competencias que tiene (entre las múltiples que existen) cada sector en la atención de los conflictos sociales. De esta manera la principal competencia recae en el Gobierno Nacional, con 157 casos (64,6%). Los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables, por competencia, en la atención de 50 casos (20,6%) y los gobiernos locales (provinciales o distritales) son responsables, por competencia, en 28 casos (11,5%). En abril se resolvieron dos conflictos sociales, cantidad menor a lo resuelto el mismo mes del pasado año.

Conflictos socioambientales

A diferencia del mes pasado Áncash, departamento que tuvo hasta marzo 27 conflictos sociales, hoy tiene por resolver 29 conflictos activos. Los dos nuevos conflictos, uno de naturaleza sociambiental y el otro por conflicto laboral, tienen que ver con la minera San Luis que de operar pondría en riesgo la actividad agrícola en zonas como Yaután, Pariocoto y Casam; y la empresa siderúrgica Sider Perú a la cual sus trabajadores le demandan el pago íntegro de las utilidades del año 2011.

De los conflictos anteriores registrados en esta región, se cuentan los que enfrentan a las poblaciones locales con la empresa minera Anatamina, recientemente cuestionada por no reconocer el daño que provocó en un trabajador que laboró en sus instalaciones por más de una década. Los ocho conflictos, todos de naturaleza socioambiental, están relacionados principalmente con el incumplimiento de los compromisos que la empresa suscribió con las poblaciones para empezar a operar en la región.

Se puede incluir dentro de estos casos el pedido hecho por la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (Amuceps) de Áncash que convocó a una paralización en la provincia de Huari en contra de las empresas Antamina S.A. y Nyrstar, quienes no estarían cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social. A este caso se suma el componente ambiental. La población cree que las operaciones de ambas empresas en su zona vienen afectando el medio ambiente. Casos similares son los denunciados por pobladores del caserío de San Antonio de Juprog en el distrito de San Marcos y los pescadores y armadores de la provincia de Huarmey que exigen el cumplimiento de los compromisos pactados y el respeto por el medio ambiente. Otros conflictos en el departamento de Áncash tienen como actores primarios a la minera Barrick Misquichilca, Dynacor Exploraciones, Málaga y Greenex.

El curso de Conga

El reporte señala sobre el polémico conflicto generado en el departamento de Cajamarca, que el mismo continúa sin la presencia de un diálogo. Se detalla la demanda que realizan las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc para declarar la inviabilidad del proyecto minero Conga. Por el momento las empresas a cargo del proyecto, conformada por Newmont y Buenaventura, evalúan las nuevas condiciones planteadas por el Ejecutivo. Mientras dirigentes de Cajamarca ya han anunciado su presencia en la capital para dar a conocer su posición. El documento presentado por la Defensoría da cuenta también del papel que ha cumplido en el curso del manejo de los conflictos. Se detalla de esta manera las 175 actuaciones defensoriales, de las cuales 147 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 de intermediación.

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