Alto Amazonas tiene nuevo alcalde Miguel Pérez López

JNE declara vacancia de Juan Daniel Mesía Camus

Artículo segundo.- DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, con motivo de las Elecciones Municipales del año 2010.

Artículo tercero.- CONVOCAR a Miguel Pérez López, identificado con Documento Nacional de Identidad N.° 08678621, para que asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, para completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, otorgándosele la respectiva credencial.

 

Expediente N.° J-2012-01313

ALTO AMAZONAS – LORETO

Lima, diez de diciembre de dos mil doce

 

VISTO en audiencia pública, de fecha 10 de diciembre de 2012, el recurso de apelación interpuesto por Teobaldo Meléndez Fachín contra el acuerdo de concejo del 17 de agosto de 2012, que rechazó su solicitud de vacancia en contra de Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, concordante con artículo 63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el expediente de traslado N.° J-2012-912, y oídos los informes orales.

 

ANTECEDENTES

 

Solicitud de declaratoria de vacancia

 

Con fecha 5 de julio de 2012, Teobaldo Meléndez Fachín solicitó la vacancia del alcalde Juan Daniel Mesía Camus, por infracción al artículo 63 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM) por cuanto el alcalde, en representación de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, habría suscrito indebidamente dos contratos de ejecución de obras: a) uno de menor cuantía para el mejoramiento del estadio municipal de Yurimaguas, y b) otro, por adjudicación directa selectiva, para la construcción del I.E Atahualpa, ambos, con una empresa constructora de propiedad de la hija de la secretaria general de la municipalidad, Gloria Angélica Cárdenas de Salazar, funcionaria de confianza y amiga del alcalde.

 

Posición del Concejo Provincial de Alto Amazonas

 

En sesión extraordinaria de fecha 17 de agosto de 2012, tres regidores informaron que solicitaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (en adelante JNE) adherirse a la presente solicitud de vacancia, pero el alcalde, quien presidia la sesión, rechazó dicho pedido tras indicar que el JNE no había notificado de este pedido a la municipalidad. Asimismo, en cuanto a la cuestión de fondo, por cinco votos contra siete, el Concejo Provincial de Alto Amazonas acordó rechazar la solicitud de vacancia.

 

Sobre el recurso de apelación

 

Con fecha 20 de setiembre de 2012, Teobaldo Meléndez Fachín interpuso recurso de apelación contra el referido acuerdo, agregando, mediante escrito del 10 de diciembre de 2012 (foja 111-121), que, a pesar de que la oficina de asesoría legal de la municipalidad recomendó la nulidad de la adjudicación para la construcción el I.E. Atahualpa, tal como el mismo alcalde así formalizara a través de la Resolución de Alcaldía N.° 539-2012.MPAA-A, luego terminó reconociendo todo lo adeudado a la empresa constructora en cuestión, la cual se encontraba por entonces demandando a la municipalidad por incumplimiento de contrato.

 

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la materia controvertida en el presente caso consiste en determinar si el alcalde Juan Daniel Mesía Camus, al firmar los contratos municipales referidos, infringió el artículo 63, concordante con el artículo 22, numeral 9, de la LOM.

 

CONSIDERANDOS

 

Consideraciones previas

 

  1. En el presente expediente, el acta de la sesión extraordinaria (fojas 45 a 81), evidencia que los regidores Víctor Isrrael Torres Montilla, Roberto Adrián Pérez López y Edwer Tuesta Hidalgo solicitaron adherirse a la presente solicitud de vacancia, pedido que con anterioridad también había sido remitido al JNE, pero que el alcalde rechazó debido a que, a la fecha de la sesión, el JNE no había puesto en conocimiento de ello a la municipalidad.

 

A juicio de este Supremo Tribunal Electoral, dicha actuación municipal obstruye, de forma innecesaria, el adecuado desarrollo del derecho que le asiste a todo vecino de intervenir en los asuntos públicos de su localidad, pues así no haya existido pedido formal de adhesión, el concejo municipal debió admitir dicho pedido, puesto que no se trataba de un nuevo pedido de vacancia ni se había presentado en instancia de apelación (Resolución N.° 612-2012-JNE). Sin embargo, a pesar de que se haya advertido este error, también se ha observado que quienes solicitaron la adhesión, no han insistido en su pedido en la presente etapa de apelación, por lo que dicho error no acarrea la nulidad de lo actuado, sino que, más bien, convalida el rechazo. No obstante, este Tribunal exhorta a la municipalidad a que, en lo sucesivo, favorezca el adecuado desarrollo del derecho a la participación política.

 

Respecto de la causal de vacancia por restricciones de contratación

 

  1. El inciso 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), concordado con el artículo 63 del mismo cuerpo normativo, tiene por finalidad la protección de los bienes municipales. En vista de ello, dicha norma entiende que estos bienes no estarían lo suficientemente protegidos cuando quienes están a cargo de su protección (alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos.

 

La presencia de esta doble posición por parte de la autoridad municipal, como contratante y contratado, ha sido calificada como conflicto de intereses, y, según criterio jurisprudencial asentado desde la Resolución N° 171-2009-JNE, es posible que no solo se configure cuando la misma autoridad se ha beneficiado directamente de los contratos municipales, sino también cuando se ha beneficiado a cualquier tercero respecto de quien se compruebe que la autoridad municipal posee vínculo directo.

 

  1. En ese entendido, la vacancia por conflicto de intereses se produce cuando se comprueba la existencia de una contraposición entre el interés de la comuna y el interés de la autoridad, alcalde o regidor, pues es claro que la autoridad no puede representar intereses contrapuestos. En tal sentido, en reiterada jurisprudencia, este Supremo Tribunal Electoral ha indicado que la existencia de un conflicto de intereses requiere la aplicación de una evaluación tripartita y secuencial, en los siguientes términos: a) si existe un contrato, en el sentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de la propia autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal; b) si se acredita la intervención, en calidad de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como persona natural, por interpósita persona o de un tercero (persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor tenga un interés propio (si la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierte una razón objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal en relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera); y c) si, de los antecedentes, se verifica que existe un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad de autoridad y su posición o actuación como persona particular.

 

Análisis de caso concreto

 

  1. En el presente caso se alega que el alcalde ha beneficiado a una funcionaria de su confianza, la secretaria general de la municipalidad, con dos contratos de ejecución de obras, dado que la empresa constructora a cargo de las mismas, Constructora y Multiservicios Salazar E.I.R.L, es de propiedad de la hija de esta y su gerente general, el esposo, por lo que el alcalde, al haber firmado dichos contratos sin observación alguna de esta situación, demostraría su ánimo por beneficiar a una persona con quien objetivamente se encuentra vinculado.

 

  1. Por su parte, con relación a la adjudicación para la construcción del I.E. Atahualpa, el alcalde, en su defensa, ha sostenido que apenas advirtió esta situación, mediante Memorando N.° 024-2012-MPAA-A (foja 83), del 29 de marzo de 2012, dispuso que las oficinas de asesoría legal y control interno, informen y emitan su opinión con relación a esta situación, luego de lo cual, mediante Resolución de Alcaldía N.° 539-2012.MPAA-A, del 24 de setiembre, declaró la nulidad de la referida adjudicación, por lo que sostiene que en ningún momento ha tratado de beneficiar a su funcionaria de confianza.

 

  1. Estos hechos alegados por el alcalde han sido referidos para probar su desconocimiento sobre la situación que ahora se le imputa, a partir de lo cual intenta sostener la inexistencia de un conflicto de intereses en su persona; sin embargo, a fin de verificar si el alcalde se encontraría incurso en la alegada causal de vacancia, ha de seguirse el análisis tripartito descrito en el fundamento 3 de esta resolución.

 

  1. En cuanto al primer elemento de análisis, se observa que el alcalde, en representación de la municipalidad, mediante Contrato N.° 013-2011-MPAA-A, del 1 de abril de 2011 (fojas 34 a 36), acordó con la empresa Constructora y Multiservicios Salazar E.I.R.L la rehabilitación del estadio municipal de Yurimaguas por un monto de S/. 48 866,68 (cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis y 68/100 nuevos soles) y que el 9 de diciembre de 2011 le adjudicó la buena pro para la construcción del I.E. Atahualpa por un monto de S/ 584 808,00 (quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos ocho nuevos soles) (foja 37), por lo que se verifica que el erario municipal, como consecuencia de estos contratos, ha estado afecto, habilitándose, por lo tanto, pasar al análisis del siguiente elemento.

 

  1. En cuanto al segundo elemento de análisis, mediante acta de matrimonio (foja 17 del expediente de traslado) se acredita que Gloria Angélica Cárdenas Romero está casada con Ángel Eduardo Salazar Orbe, por lo que luego acoge el apellido de casada y es conocida en el presente proceso como Gloria Angélica Cárdenas de Salazar. También mediante la ficha Reniec de Katterine de Jesús Salazar Cárdenas se sostiene que esta es hija de los antes mencionados y, de otro lado, mediante Partida Registral N.° 11011978 (fojas 11 a 15 del expediente de traslado) se verifica que la empresa Constructora y Multiservicios Salazar E.I.R.L es una empresa de la familia de la secretaria general de la municipalidad, pues su hija es la titular y su esposo el gerente, por lo que se acredita que el alcalde, en representación de la municipalidad, ha contratado con la empresa familiar de su funcionaria de confianza.

 

Respecto de esta situación, el alcalde trata de sostener su absoluto desconocimiento, pues ha argumentado que el hecho de que haya trabajado con Gloria Angélica Cárdenas Salazar, no conlleva a que necesariamente conozca a su familia o sus actividades económicas,  lo cual, para el caso concreto, implicaría que él no tenía conocimiento de que el esposo de su secretaria general era Ángel Eduardo Salazar Orbe, con quien firmó los dos contratos de obra. Sin embargo, como se advierte del registro de candidatos de las últimas elecciones, Gloria Angélica Cárdenas de Salazar postuló como regidora por la misma lista que el alcalde, lo cual expresa un real acercamiento entre ambos, además de que, a partir de sus hojas de vida, se observa que ambos también han participado con anterioridad en el partido Somos Perú y que trabajaban en la misma institución educativa, como ha sido reconocido por el mismo alcalde en la sesión extraordinaria; en consecuencia, se entiende que Gloria Angélica Cárdenas de Salazar no solo en razón de su cargo municipal, sino también a causa de un nivel de relación personal con el alcalde, es una persona objetivamente vinculada a este de la misma forma que su esposo, respecto de quien, además, se ha observado que compró una serie de certificados médicos (foja 166 a 168), uno de los cuales ha sido utilizado por el alcalde como medio de prueba para la justificación de su inasistencia en el Expediente N.° J-2012-29 que corre a foja 260, por lo que no resulta creíble que desconociese a Ángel Eduardo Salazar Orbe, esposo de su secretaria general, por lo que esta actitud y los argumentos del alcalde son indicativos de que tendría un vínculo directo acreditado con un tercero; por lo tanto, resulta necesario introducirnos en el análisis del siguiente elemento.

 

  1. En cuanto al tercer elemento de análisis, a fin de verificar si ha existido un conflicto de intereses, resulta pertinente observar una serie de elementos. En principio, cabe resaltar que a pesar de que los contratos de obra en cuestión contenían el sello de visto bueno de una serie de órganos internos de la municipalidad, incluida la oficina de asesoría jurídica, esta misma, luego de que el alcalde informara sobre la familiaridad que vinculaba a la empresa constructora con la secretaria general, recomendó la nulidad del contrato de obra hecho por adjudicación (foja 94 a 95), lo cual resulta indicativo de la existencia de una excesiva y anormal confianza de los órganos internos de la municipalidad en esta empresa postora, pues no resulta razonable que estos órganos, encargados de llevar a cabo una correcta contratación pública, hayan incurrido en estos vicios.

 

Asimismo, el alcalde sostiene que, como consecuencia de lo recomendado por la oficina de asesoría jurídica, emitió la Resolución de Alcaldía N.° 539-2012.MPAA-A.A, por la que declaró la nulidad de la referida adjudicación; sin embargo, posteriormente, en una conciliación ante el segundo juzgado mixto de Alto Amazonas por incumplimiento de dicho contrato, seguido por la Constructora y Multiservicios Salazar E.I.R.L, el alcalde, en representación de la alcaldía, pero sin apersonamiento del procurador público municipal, y en clara contravención a la cláusula vigésimo cuarta del mismo contrato que firmó con la empresa constructora, pues esta ya había perdido su oportunidad de cuestionar la nulidad de su contrato en la vía arbitral (quince días hábiles después de surgida la controversia), asiste a una conciliación en un fuero distinto al acordado por las partes y además, resulta obligando a la municipalidad a pagar todo lo adeudado (foja 185 a 187), por lo que se advierte que el alcalde, en realidad, no tuvo una posición definitiva por privilegiar los intereses municipales.

 

CONCLUSIÓN

 

Por lo expuesto, valorados de manera conjunta los medios probatorios contenidos en autos, este órgano colegiado concluye que el alcalde Juan Daniel Mesía Camus ha incurrido en la causal de vacancia prevista en el artículo 63, concordante con el artículo 22, numeral 9, de la LOM.

 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

 

RESUELVE POR MAYORÍA

 

Artículo primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Teobaldo Meléndez Fachín, y en consecuencia, REVOCAR el acuerdo de concejo, de fecha 17 de agosto de 2012, que rechazó la solicitud de vacancia en contra de Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, y REFORMÁNDOLO, declarar la vacancia contra el referido alcalde, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, concordado con el artículo 63, de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 

Artículo segundo.- DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, con motivo de las Elecciones Municipales del año 2010.

 

Artículo tercero.- CONVOCAR a Miguel Pérez López, identificado con Documento Nacional de Identidad N.° 08678621, para que asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, para completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, otorgándosele la respectiva credencial.

 

Artículo cuarto.- CONVOCAR a Gloria Angélica Cárdenas de Salazar, identificada con Documento Nacional de Identidad N.° 05630305, candidata no proclamada del Movimiento Independiente Loreto – Mi Loreto, para que asuma el cargo de regidora del Concejo Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, a fin de completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, otorgándosele la respectiva credencial.

 

Artículo quinto.- REMITIR copia de los actuados a la Contraloría General de la República, a efectos de que esta proceda de acuerdo con sus atribuciones.

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

 

SS.

 

TÁVARA CÓRDOVA

 

 

 

 

PEREIRA RIVAROLA

 

 

 

 

AYVAR CARRASCO

 

 

 

 

LEGUA AGUIRRE

 

 

 

 

Bravo Basaldúa

Secretario General

VU/tvvl

 

 

Expediente Nº J-2012-01313

 

VOTO EN DISCORDIA DEL DOCTOR JOSE LUIS VELARDE URDANIVIA, MIEMBRO TITULAR DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

 

Los fundamentos por los cuales se debe declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Teobaldo Meléndez Fachín contra el acuerdo de concejo del 17 de agosto de 2012, que declaró improcedente la solicitud de vacancia en contra de Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, departamento de Loreto, por la causal establecida en el artículo 63, concordante con el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son los siguientes:

 

  1. Mediante Resolución N.° 144-2012-JNE, de fecha 26 de marzo de 2012, este órgano colegiado, a efectos de determinar si una autoridad de elección popular ha incurrido en la prohibición de contratar, que acarrea la subsecuente declaración de vacancia, dispuso un test de tres pasos para la valoración de aquellos actos imputados como contrarios al artículo 63 de la LOM. Atendiendo a ello, para estimar el pedido de vacancia por restricciones de contratación, este Supremo Tribunal Electoral debe verificar que exista un contrato, cuyo objeto sea un bien municipal, que se acredite la intervención, en calidad de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como personal natural, del alcalde o regidor por interpósita persona, o un tercero, con quien el alcalde o regidor tenga un interés propio o un interés directo, y si, de los antecedentes, se verifica que existe un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad de autoridad y su posición o actuación como persona particular.

 

  1. Atendiendo a ello, en el presente caso, está acreditado en autos, la existencia de un contrato, con contenido económico patrimonial, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, representada por su alcalde Juan Daniel Mesía Camus, y la empresa Constructora y Multiservicios Salazar E.I.R.L., representada por su gerente Ángel Eduardo Salazar Orbe. el 1 de abril de 2011, para la Ejecución de Obra: Rehabilitación del Estadio Municipal Ricardo Cruzalegui Rojas en la ciudad de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Loreto”. Asimismo, con la ficha registral obrante en autos, se comprueba que la mencionada empresa constructora tiene como titular a Katterine de Jesús Salazar Cárdenas y como gerente a Ángel Eduardo Salazar Orbe, siendo la primera hija y el segundo cónyuge de Gloria Angélica Cárdenas Salazar, quien ejerció el cargo de secretaria general de concejo de la referida municipalidad, al momento de la suscripción del contrato.

 

  1. En atención a lo expuesto, si bien está acreditado la existencia de un contrato, no está probado en autos, que exista un vínculo de parentesco entre el alcalde y la secretaria general de concejo, y tampoco que el alcalde forme parte de la mencionada empresa contratista, por lo cual no se verifica la existencia de un interés directo entre el alcalde y la secretaria de concejo, o de un interés propio entre la autoridad cuestionada y la empresa contratista, y tampoco se presenta un conflicto de intereses entre dicha autoridad y el mencionado municipio, por lo que no se configura por parte del alcalde, infracción al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

 

  1. Sin embargo, a pesar de no configurarse la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral 9, de la LOM, por cuanto no se ha probado de manera fehaciente el vínculo de cercanía entre el alcalde y la secretaria general de concejo, el aprovechamiento personal del alcalde cuestionado en el referido contrato y el conflicto de intereses, es necesario remitir copia de los actuados a la Contraloría General de la República, por cuanto estos hechos constituyen graves irregularidades administrativas que ameritan una investigación exhaustiva.

 

Por tales motivos, considero que se debe declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Teobaldo Meléndez Fachín, en consecuencia CONFIRMAR el acuerdo de concejo, de fecha 17 de agosto de 2012, que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Juan Daniel Mesía Camus, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, por la causal establecida en el artículo 63, concordante con el artículo 22, numeral 9, de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 

S.

 

 

VELARDE URDANIVIA

 

 

 

 

Bravo Basaldúa

Secretario General

jip

 

 

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